AMIGOS POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

DEMANDA

 

MARCO JURÍDICO

1.-A iniciativa del Gobierno Nacional, el pasado 28 de diciembre el Congreso de la República aprobó la Ley 1943 del 2018, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”, conocida públicamente como “ley de financiamiento”.

 

2.- En el artículo 122 de la precitada ley se derogó el artículo 206-7 del Estatuto Tributario; es decir, se eliminó la exención del impuesto de renta sobre el 50% del salario de magistrados y el 25% del salario de los jueces de la República, así como de los procuradores judiciales .

 

3.- De esta manera, el Congreso eliminó una beneficio tributario consagrado desde la ley 75 de 1986, esto es, que desde hace más de 33 años tenían los jueces, magistrados y procuradores (antes de la Constitución de 1991 denominados fiscales) del país.

 

4.- El cerco contra las rentas de trabajo viene de la Ley 1819 de 2016, art. 336, cuando se estableció un límite del 40% a las rentas exentas de esta cédula. Igualmente, desde el año gravable de 2017 se modificó por vía reglamentaria el concepto de realización del ingreso en materia de cesantías, en razón de lo cual se entienden recibidas desde la consignación misma por el empleador al fondo respectivo, así no se hayan retirado efectivamente. Sin embargo, como lo anterior afectó la totalidad de las rentas de trabajo, incluidas las que perciben los servidores de la rama judicial, no se puede alegar violación al principio de equidad horizontal.

 

5.- No ocurrió así con la Ley 1943 de 2018. Aquí sí se percibe un ataque selectivo, puesto que se mantuvieron todas las rentas exentas, con la única excepción de las que disfrutaban los magistrados de tribunales, jueces de todos los rangos, procuradores y magistrados auxiliares de las altas Cortes. Con ello también se dejó sin efecto la nivelación salarial (especialmente de jueces) que se logró en los últimos 5 años luego de intensas y legítimas reivindicaciones de los servidores de la justicia.

 

6.- La anterior medida no solo afecta gravemente los ingresos reales de jueces, magistrados y procuradores, sino que representa un ataque selectivo a la autonomía e independencia de la Rama Judicial, que de paso afecta también a los procuradores judiciales y fiscales que actúan ante sus despachos.

 

7.- En la exposición de motivos del proyecto de ley, el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público afirma lo siguiente:

 

“En el sentido horizontal, el sistema de exenciones establece beneficios que no son uniformes para todos los contribuyentes, lo que ocasiona que personas con ingresos similares tengan cargas tributarias significativamente diferentes”.

 

8.- No obstante, la única exención que se suprimió, de las contempladas en el artículo 206 del Estatuto Tributario, fue la de los jueces, magistrados y procuradores. Quedaron vigentes, y aún ampliadas, las exenciones  instituidas en favor de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los servidores de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y los profesores universitarios, lo que de ninguna manera suscita nuestra preocupación. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es que la única exención derogada haya sido la de jueces, magistrados y procuradores judiciales.

 

9.- En el escenario jurídico descrito surgen varios interrogantes de orden constitucional: ¿Satisface esa derogación selectiva el principio de equidad horizontal proclamado en la exposición de motivos?; ¿es la norma derogatoria compatible con los principios de igualdad y equidad tributaria?; ¿actuó el Legislador dentro del margen de configuración para regular las exenciones fiscales?; ¿la derogatoria aprobada es compatible con el principio de no regresividad?; ¿se respetó la cláusula superior que reconoce el carácter móvil del salario de los trabajadores?; ¿se respetó la transparencia y carga argumentativa exigida para esta clase de decisiones en las deliberaciones democráticas?

 

10.- En nuestro concepto la respuesta a los anteriores interrogantes es negativa. Por ello, consideramos que la eliminación de la exención tributaria -prevista desde hace más de tres décadas- debe impugnarse directamente ante la H. Corte Constitucional. Más allá de la grave afectación de los derechos individuales de jueces, magistrados y procuradores judiciales, la derogatoria promovida por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso supone una grave afectación de los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial.

 

 

 

 

  ARTICULO 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. <Fuente original compilada: L. 75/86 Art. 35 Inc. 1o.> Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes: (…) 7.- En el caso de los Magistrados de los Tribunales y de sus Fiscales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los Jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario”.