AMIGOS POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

DEMANDA

 

El salario de los jueces como elemento central del equilibrio de poderes

Una justicia autónoma e independiente es presupuesto indispensable para la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho fundado en el respeto al pluralismo y la separación de poderes. Sin embargo, como lo enseñan las experiencias recientes, su garantía no siempre es tarea fácil. Con frecuencia algunos sectores institucionales pretenden, en mayor o menor medida, limitar o incluso doblegar a la justicia para allanar el camino y facilitar la implementación de sus propios intereses.

 

Los principiosde Bangalore sobre la conducta judicial (2001), adoptados por Naciones Unidas, establecen que la indepdencia es un componente esencial de la administración de justicia. Y uno de sus presupuestos es precisamente la seguridad económica, consistente en el derecho a una remuneración que no esté sujeta a injerencias arbitrarias del poder Ejecutivo que puedan afectar a la independencia.

 

El salario de los jueces es una garantía de la autonomía e indepdencia de la justicia concebida como institución, como Rama del Poder Público. Su definición no puede quedar supeditada a las simpatías o antipatías que las decisiones de los jueces puedan sucitar en cada Gobierno. Reducirlo por cualquier vía, incluida la eliminación de las exenciones o beneficios tributarios, compromete en forma grave esa garantía institucional y desconoce la Constitución y los instrumentos que se integran a ella a través del Bloque de Constitucionalidad.

 

Son varias las constituciones que consagran expresamente la prohibición de disminución directa o indirecta del salario de los jueces. Otras, como la colombiana, aunque no lo hacen en forma expresa la establecen como un componente que hace parte de la cláusula de autonomía e independencia judicial.

 

 

 

En la misma dirección, diferentes organizaciones internacionales se han expresado sobre la protección que se debe dar al ingreso de los jueces en las democracias constitucionales, y en favor de la protección de los derechos humanos, justamente porque a menudo esa injerencia se ha convertido en un mecanismo para minar la independencia y provocar el deterioro progresivo y posterior colapso de los poderes judiciales.

 

En consonancia con esos postulados, en la Ley 4 de 1992, aún vivo el interés por mantener la independencia de los demás poderes públicos frente al Ejecutivo, se establecieron previsiones encaminadas a que aquellos no vieran afectada su autonomía por cuenta de los condicionamientos a su incremento según la voluntad y discrecionalidad del Gobierno. Esta línea de análisis es la que permite entender por qué en la Ley 4 de 1992, que es la Ley Marco del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, se contemplaron varias disposiciones encaminadas a delimitar el poder del Ejecutivo de “Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos”. Se dispuso entonces que el Gobierno Nacional en ningún caso podría desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos.

 

Los jueces, magistrados y procuradores colombianos han tenido durante 33 años una exención tributaria, un derecho que hace parte de la garantía de independencia judicial. Eese derecho fue revocado por el Estado con la Ley 1943 de 2018, LEY DE FINANCIAMIENTO, que en su artículo 122 derogó el beneficio previsto en el artículo 206-7 del Estatuto Tributario sobre el impuesto a la renta (del 50% para magistrados y 25% para jueces). Medida que solo afectó a los funcionarios judiciales, no a otros servidores públicos, a quienes se les respetó su estatus tributario.

 

- Constitución de los Estados Unidos de América, artículo 3, sección1.

- Constitución de la República Argentina, artículo 110.

- Constitución de la República Federativa de Brasil, artículo 95, numeral 3.

- “Declaración de Buenos Aires (2007) de la Federación Latinoamericana de Magistrados.”

- Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, numeral 11 (Adoptados por la Asamblea General de la ONU, Res40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985).

- Comentario a los “Principios de Bangalore sobre la conducta judicial” (UNDOC, Nueva York, 2003)

- Comisión Internacional de Juristas, en su estudio “Principios Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales” (Guía para Profesionales No. 1, Ginebra, 2007).

- Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces (Estrasburgo, Francia, 1998), numeral 6.1.